"Si diésemos crédito a todo lo que dicen y publican los medios masivos de comunicación en la Argentina, en los últimos días hemos sido víctimas de una ola de niños malvados que nos van a comer vivos", asegura el informe. Las propias cifras oficiales, indican una situación totalmente opuesta, de decrecimiento en los índices delictuales. Lo que se denuncia, entonces, es una gravísima manipulación informativa.
Si uno creyera en los periódicos -y en las estadísticas acerca del crimen- parece que cada año en los Estados Unidos se presenta una nueva y más seria ola de crímenes. Regularmente, los diarios de las grandes ciudades destacan historias de agresiones en plena calle y previenen de los sectores que no son seguros de noche. La delincuencia juvenil parece aumentar invariablemente, y de manera tan aguda, que en California, según el informe de 1958 de la Autoridad de Juventud del Estado, se arrestó durante ese año a uno de cada cuatro de los jóvenes de diecisiete años y con todo, una demostración serena del problema demuestra que, probablemente, hay en los Estados Unidos menos crimen hoy que hace cien, cincuenta e incluso veinticinco años, y que actualmente los Estados Unidos son un país más conforme a la ley y más seguro de lo que imagina la opinión popular. A donde está la verdad?
Por una parte, los relatos periodísticos, que son la fuente principal de la creencia pública, deben ser grandemente desestimados. La competencia entre los periodistas genera una ola de crímenes.
Qué decir entonces de las estadísticas? Por desgracia, las estadísticas del crimen son tan dignas de confianza como la mujer que da su verdadera edad. Pero no existen definiciones uniformes del crimen y no existen normas uniformes en las informaciones. Entonces, que es lo que tenemos: ¿Una ola de crímenes o una ola de información sobre crímenes?
Dado que el sistema penal es selectivo, y por tal distribuye artificialmente penalidades e inmunidades (Pavarini, 1994) y el delito es una construcción social que varía histórica y socialmente, el termómetro del pánico social y el miedo ciudadano inciden en la persecución policial y en la sensibilidad punitiva. Las estadísticas sólo nos brindan aquello que oficialmente es perseguido y registrado, por ende, la evolución de las causas de ingreso al sistema penal, debe ser leída en clave de medir la voluntad de las agencias de control social en capturar y perseguir a determinados tipos de delitos y determinados portadores de atributos.
Todo diseño de política de seguridad, especialmente los referidos a políticas penales para el segmento adolescente y juvenil debe estar acompañado por información confiable, cuyos registros sean de acceso público, confección fidedigna, sistematicidad garantizada, requisito de comparabilidad y consistencia y calidad comprobable.
Por cierto, para quienes venimos investigando el funcionamiento de las agencias de control social penal, especialmente la justicia, disponer de estadísticas que aunque perfectibles, sean sistemáticas, consistentes y comparables, significa un avance que no puede ser soslayado.
Salcedo y su millón de delitos
Esta ausencia de cifras, con respecto a la delincuencia juvenil, explica en buena medida el alto nivel de manipulación informativa. Si diésemos crédito a todo lo que dicen y publican los medios masivos de comunicación en la Argentina, en los últimos días hemos sido víctimas de una ola de niños malvados que nos van a comer vivos. Es así que el comisario Daniel Salcedo, titular de la policía bonaerense, declaró en los medios que los jóvenes menores de edad cometen alrededor de 1.000.000 de delitos por año en la Provincia de Buenos Aires, mientras que según las estadí¬sticas a las que tenemos acceso, en la Provincia de Buenos Aires son 300.000 delitos los que se cometen por año (menos de un tercio de lo indicado por Salcedo), teniendo en cuenta aquellos delitos cometidos tanto por personas mayores como menores de edad (reduciéndose aún más el número absoluto de delitos cometido anualmente por adolescentes menores de edad en la Provincia de Bs. As.). En esta misma línea de la página web del INDEC se desprende que, según la Dirección Nacional de Política Criminal, en el 2005 en la provincia de Buenos Aires se registraron un total de 239.358 delitos y en el año anterior, 2004, un total de 296.977 delitos entre mayores y menores.
Estas tendencias decrecientes son los datos públicos y oficiales más recientes de los cuales se dispone, en el marco de la poco cuestionada apropiación estatal de la información pública. No obstante, es dable pensar que desde el 2005 al 2008 esta tendencia no pudo de ninguna manera llegar al millón de delitos. En términos de comparación, el nivel de hechos delictivos en la Provincia en el 2005 seguramente se mantiene con alguna fluctuación para el 2008. Por su parte, las estadísticas del Departamento de Estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires señalan que en 2006 la cantidad de causas penales contra menores fue de 31.602 y en 2007 de 29.371 causas. Ello, una vez más, denota que la incidencia de los menores en la comisión de delitos no está ni por cerca del millón de delitos declarados por Salcedo, ni por cerca de representar una proporción significativa en el universo total de hechos delictivos en la Provincia.
Distintos actores políticos y sociales arrojan cifras en relación al delito y sobre todo en relación a los jóvenes presuntos autores de delitos- cuya fuente se desconoce o estratégicamente se omite mencionar. Son estas mismas cifras las que son amplificadas posteriormente en los medios masivos de comunicación, creando un extracto de verdad, produciendo sentido en la población y construyendo una particular visión (y versión) de la situación. Ojalá que las olas de desinformación fuesen combatidas con el mismo ahínco que las olas de delitos.